Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a defender su llamado “plan B” de reforma electoral y aseguró que la nueva propuesta no busca reducir los presupuestos de los gobiernos estatales, sino disminuir privilegios dentro de las estructuras políticas del país para redirigir esos recursos a obras públicas.
Durante su conferencia matutina realizada en Colima, la mandataria explicó que el objetivo central de la iniciativa es ajustar el gasto en distintas instituciones políticas, particularmente en congresos estatales, en el Senado de la República y en las regidurías de los ayuntamientos.
En palabras simples, la propuesta busca que parte del dinero que actualmente se destina a estructuras políticas o salarios elevados se utilice en proyectos de infraestructura y programas públicos. La presidenta sostuvo que quienes trabajan en el servicio público deben hacerlo bajo una lógica de austeridad.
Sheinbaum también criticó los altos salarios que reciben algunos funcionarios, entre ellos integrantes del Instituto Nacional Electoral, al considerar que estos ingresos no corresponden con la política de austeridad que, según dijo, demanda la ciudadanía.
El llamado “plan B” surgió luego de que la Cámara de Diputados rechazara la propuesta original de reforma electoral enviada por el Ejecutivo federal. Tras ese revés legislativo, la presidenta decidió trabajar en un nuevo paquete de cambios que, según adelantó, será enviado al Congreso entre lunes y martes de la próxima semana.
La nueva iniciativa aún se encuentra en elaboración dentro de la Secretaría de Gobernación, que afina los detalles antes de su presentación formal al Poder Legislativo.
Entre los puntos que incluiría esta propuesta se encuentra la posibilidad de realizar consultas ciudadanas sobre ciertos temas electorales. Por ejemplo, preguntar directamente a la población si se deben reducir los recursos públicos que reciben los partidos políticos.
Además, el proyecto contempla ampliar los mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato, con la posibilidad de que este proceso pueda realizarse entre el tercer y cuarto año de gobierno, lo que permitiría a la población evaluar a sus autoridades antes de que concluyan su periodo.
La presidenta insistió en que su propuesta mantiene el mismo espíritu de la iniciativa original: terminar con lo que considera privilegios dentro del sistema político y reducir el gasto público destinado a estructuras partidistas.
El debate apenas comenzará cuando la iniciativa llegue al Congreso, donde los distintos partidos deberán discutir si estos cambios realmente implican un ajuste al gasto político o si representan una transformación más profunda en las reglas del sistema electoral mexicano.
